Un grupo de estados anunció que van a demandar a la administración Trump para bloquear una tarifa de 100 mil dólares aplicada a cualquier nueva solicitud de visas H-1B, que permiten a los empleadores en Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros calificados.
La demanda, que se espera se presente el viernes, argumenta que este cobro por las visas de trabajo crea una barrera costosa e ilegal para que los empleadores utilicen el popular programa de visas, especialmente en el sector público.
También sostienen que la cifra en dólares se fijó arbitrariamente y excede la autoridad del Congreso para fijar tarifas. El caso está a cargo del fiscal general de California Rob Bonta y la fiscal general de Massachusetts Andrea Joy Campbell.
“Lo que el Congreso nunca ha hecho es autorizar a un presidente a imponer un recargo de seis dígitos diseñado para desmantelar el programa por completo”, declaró Bonta durante la conferencia de prensa en la que se anunció la demanda. “En resumen: ninguna administración presidencial puede reescribir la ley de inmigración”.
La demanda sería al menos la tercera que impugna el aumento de los cobros que Trump anunció en septiembre, pero la primera queja por parte de estados del propio país. La Cámara de Comercio de Estados Unidos demandó en octubre, al igual que una agencia global de dotación de personal de enfermería y varios sindicatos. Ambos casos siguen en curso.
El programa de visas H-1B es fundamental para la inmigración basada en el empleo. Permite a las empresas con sede en Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros con estudios universitarios para ocupaciones especializadas. Trump anunció una reforma del programa en septiembre, argumentando que el abuso del recurso H-1B ha desplazado a trabajadores estadounidenses.
Las visas H-1B se otorgan mediante un sistema de lotería, pero son utilizadas principalmente por la industria tecnológica. Las empresas con mayor número de visas H-1B incluyen Amazon, Tata Consultancy Services, Microsoft, Meta Platforms y Apple, según el gobierno de Estados Unidos.
Los fiscales generales que demandan para bloquear este cargo argumentaron que sería especialmente perjudicial en sectores públicos clave, como la educación y la atención médica.
“El intento ilegal de la administración de arruinar este programa dificultará que los neoyorquinos obtengan atención médica, interrumpirá la educación de nuestros niños y dañará nuestra economía”, dijo la fiscal general de Nueva York Letitia James en un comunicado.
Además de California, Massachusetts y Nueva York, los estados que impugnan este cobro incluyen Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin.


