PUERTO DE ESPAÑA.– El gobierno de Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá el acceso de fuerzas militares de Estados Unidos a sus aeropuertos en las próximas semanas para actividades logísticas, en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

En tanto, Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, acusó al gobierno trinitense de ayudar a Estados Unidos en el “robo” del buque petrolero que fue incautado por la administración Trump la semana pasada.

La medida contempla el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, sin ofrecer mayores precisiones.

El anuncio se conoció poco después de que el Ejército estadounidense instalara un sistema de radar en el aeropuerto de Tobago. Las autoridades locales aseguraron que el dispositivo está destinado a combatir la delincuencia interna y subrayaron que el país caribeño no será utilizado como plataforma para atacar a terceros. Trinidad y Tobago cuenta con dos aeropuertos principales —el Internacional de Piarco, en Trinidad, y el ANR Robinson, en Tobago— y se ubica a poco más de 11 kilómetoros de Venezuela en su punto más cercano.

El primer ministro trinitense ya había elogiado con anterioridad los ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones cargadas de droga en el Caribe. Esas operaciones, iniciadas en septiembre, dejaron más de 80 muertos, mientras Estados Unidos refuerza su presencia naval cerca de Venezuela, incluido el despliegue del mayor portaaviones de su flota. En octubre, además, un buque de guerra estadounidense atracó en la capital de Trinidad, en señal del aumento de la presión militar de la administración de Donald Trump sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

En este contexto, Venezuela acusó este lunes a Trinidad y Tobago de haber colaborado en el “robo” de un buque cargado con petróleo venezolano que Estados Unidos incautó la semana pasada, en medio de las maniobras militares ordenadas por Washington en el Caribe.

En un comunicado difundido por la presidencia, Caracas afirmó que tuvo “conocimiento pleno sobre la participación del gobierno trinitense en el robo del petróleo venezolano”, a través del “asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela” el pasado 10 de diciembre.

“Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio”, sostuvo el texto publicado en la plataforma Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez

La decisión del Ejecutivo generó fuertes críticas internas. Amery Browne, senador de la oposición y exministro de Asuntos Exteriores, acusó al gobierno de ser engañoso y sostuvo que Trinidad y Tobago se convirtió en “facilitadores cómplices de ejecuciones extrajudiciales, tensiones transfronterizas y beligerancia”.

“No hay nada rutinario en esto. No tiene nada que ver con la cooperación habitual y las colaboraciones amistosas que hemos disfrutado con Estados Unidos y todos nuestros vecinos durante décadas”, afirmó. A su juicio, la cooperación empuja al país “un paso más en el camino de un estado satélite” y adopta una lógica de “el más fuerte hace el derecho”.

En Estados Unidos, legisladores de ambos partidos también pusieron bajo la lupa las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico oriental. En las últimas semanas cuestionaron su legalidad y anunciaron que el Congreso llevará adelante una revisión de los ataques contra buques, en medio del debate sobre el alcance y los fundamentos del despliegue.

Caracas refuerza su defensa aérea

Desde Venezuela, la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el país “ha fortalecido significativamente su sistema de defensa aérea”, tras el despliegue naval y militar ordenado por la Casa Blanca desde agosto.

En un acto oficial, destacó la inversión y el desarrollo de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con énfasis en la vigilancia y protección del espacio aéreo, como parte de una estrategia de disuasión para garantizar la integridad territorial frente a amenazas externas. No precisó montos ni el origen del equipamiento.

Padrino López recordó que, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 y con continuidad bajo Nicolás Maduro, Venezuela dejó de adquirir armamento estadounidense y priorizó compras a Rusia, además de recurrir a China en materia de comunicaciones militares.

Denuncias de “fake news”

El presidente Nicolás Maduro denunció, por su parte, una “campaña de puras mentiras” impulsada por Estados Unidos para justificar una agresión contra su país.

En una intervención remota ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), calificó de “puro fake news” las narrativas de Washington y rechazó acusaciones sobre el envío de personas con problemas de salud mental a Estados Unidos y sobre la caracterización de Venezuela como un narco-Estado. Según Maduro, informes de organismos internacionales ubican al país como irrelevante en producción y tráfico de drogas.

Para Caracas, el despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe no apunta a combatir el narcotráfico, sino a forzar un cambio de régimen y desplazar a Maduro del poder, en una escalada que eleva la tensión regional y coloca a los países vecinos, como Trinidad y Tobago, en el centro de la disputa.

Agencias AP y ANSA