México 2026: entre riesgos internos y la oportunidad histórica

El año termina con un país que, al mismo tiempo que redefine su arquitectura institucional, enfrenta cambios derivados de reformas constitucionales y legales y un entorno global adverso ante la inminente revisión del T-MEC. Por eso, la pregunta obligada es ¿cómo navegar en medio de la incertidumbre en el 2026?

Este año 2025, la vida pública del país quedó marcada por la primera elección popular de jueces, un evento que se celebra como un avance democrático, pero que para los inversionistas representa una señal de alerta sobre la independencia judicial. La posibilidad de que magistrados respondan a incentivos políticos más que a criterios técnicos se suma a reformas a la Ley de Amparo y a la sugerencia de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reabrir casos previamente juzgados.

Este año también se procedió a extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que dejó a la ciudadanía desprotegida en materia de acceso a información pública y protección de datos personales, un tema de gran preocupación también para el sector empresarial. Todo ello ha generado un entorno de incertidumbre institucional que ya repercute en la inversión privada. Así lo demuestran las cartas emitidas por el sector empresarial de los Estados Unidos a su representante comercial gubernamental durante las consultas públicas del T-MEC, por ejemplo.

Las empresas requieren estabilidad regulatoria y Estado de derecho para comprometer su capital a largo plazo. En vez de ello, el mensaje que recibieron este año, tanto empresas nacionales como extranjeras, fue el de una institucionalidad en transición, sujeta a cambios que, si bien fortalecieron al Estado en su labor de rectoría y escrutinio, debilitaron contrapesos importantes que dan certeza a la rentabilidad y a los derechos de propiedad de los proyectos productivos. Por ejemplo, las reformas recientes al Código Fiscal de la Federación ampliaron sanciones y el margen de discrecionalidad de la autoridad tributaria al tiempo que redujeron los medios de defensa disponibles para los contribuyentes ante actos de molestia como embargos, bloqueos de cuentas y créditos fiscales. Asimismo, la reforma hídrica, al prohíbir la transferencia de concesiones de agua entre particulares, obliga a que éstas regresen al Estado para su reasignación, lo que afecta la valoración de los derechos de acceso al agua, factor esencial para la determinación transparente y oportuna del valor de los terrenos. Por ende, disminuirá la predictibilidad en el cálculo de costos de producción y en la rentabilidad de proyectos.

Los datos confirman un deterioro en la economía en 2025. Según el INEGI, observamos que el PIB registró una caída de -0.3% trimestral en el tercer trimestre y la demanda interna perdió dinamismo. El consumo privado apenas creció 0.1% anual a septiembre, tres puntos por debajo del año previo. La creación de empleo formal se estancó: entre enero y noviembre se generaron 599 mil puestos registrados en el IMSS, 30.3% menos que el promedio de los últimos años, al tiempo que la informalidad aumentó a 55.4%. Por su parte, la inversión fija bruta, aquélla relacionada con la adquisición de activo fijo para producir, se contrajo 7.3% anual acumulado a septiembre 2025, con desplomes tanto en la inversión pública (-21.9%) como en la privada (-8.7%), lo que compromete la capacidad productiva futura del país. La industria, además, reportó una caída de -1.5%, mientras que los servicios apenas sostuvieron el crecimiento con un avance de 1.2%. Todo ello ocurre en un contexto donde el nearshoring dista de ser una realidad, en parte porque la infraestructura energética y logística del país no está acompañando la magnitud de la oportunidad. La red de transmisión eléctrica, por ejemplo, se expandió solo 3.8% entre 2018 y 2024, mientras la demanda creció 15% en ese mismo periodo.

De cara a 2026, las proyecciones de crecimiento ofrecen una recuperación modesta. BBVA Research anticipa un avance de 1.2%, impulsado por una ligera reactivación del empleo y un efecto positivo sobre la masa salarial real. Pero el arranque del año estará marcado por un repunte inflacionario provocado por el aumento del IEPS y nuevos aranceles a productos importados desde países sin tratado comercial con México.

A esta dinámica interna se suma un entorno externo especialmente desafiante. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca reconfiguró la relación bilateral con Estados Unidos en tres ejes: migración, seguridad fronteriza y comercio.

Hay que considerar que nos enfrentamos a una administración estadounidense menos tolerante y más propensa a mecanismos de presión unilateral que podría convertir esos pendientes en sanciones comerciales. México deberá encontrar un balance delicado entre la cooperación y defensa de su soberanía, al tiempo que enfrenta un examen crucial: la revisión del T-MEC en 2026.

Sin embargo, aún cuando México enfrenta riesgos internos autogenerados, su posición en el mundo le ofrece una oportunidad excepcional. La realineación geopolítica, la desglobalización parcial —claramente plasmada en la nueva Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos— y la necesidad de Norteamérica de reducir su dependencia manufacturera de Asia, colocan a México como uno de los países con mayor potencial para recibir inversión productiva si, y solo sí, su integración comercial al TMEC se completa con cumplimientos regulatorios satisfactorios y políticas migratorias y de seguridad efectivas para disminuir al máximo posible flujos migratorios ilegales, el tráfico de estupefacientes, la extorsión y robos en las principales carreteras y caminos del país.

Sin duda, el T-MEC continúa siendo la ventaja comparativa más importante de México en la economía internacional. Pero esa oportunidad no se activará automáticamente. Requiere resolver los problemas que frenan el apetito de las empresas por invertir.

Un elemento crucial es la disciplina fiscal. Con un déficit elevado y una deuda que podría acercarse a 61.5% del PIB hacia 2030, según pronostica el Fondo Monetario Internacional, el gobierno federal debe presentar una ruta creíble de consolidación que preserve el espacio fiscal y evite presiones sobre las primas de riesgo.

México entra a 2026 frente a riesgos evidentes, pero también con una oportunidad rara vez alineada a su favor. Si el nuevo gobierno convierte la continuidad política en gobernanza efectiva, certidumbre jurídica y decisiones económicas sensatas, el país puede transformar un escenario incierto en una plataforma de crecimiento, siempre que las decisiones de política pública se tomen con visión de largo plazo y plena responsabilidad.

*La autora es Directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana.