La nueva estrategia de seguridad de EE.UU. reordena el tablero económico global

La “National Security Strategy of the United States of America”, divulgada en noviembre de 2025, busca corregir lo que describe como décadas de desvío estratégico desde el final de la Guerra Fría. El texto afirma que las administraciones previas habrían intentado sostener una “dominación global permanente” a través de alianzas, apertura comercial y organismos internacionales, a costa de debilitar la base industrial y la clase media estadounidenses. 

En contraste, la nueva estrategia propone un enfoque concentrado en la protección de “intereses vitales” y en la conexión explícita entre poder económico, capacidades militares y bienestar interno. El resultado es un marco de política exterior que combina nacionalismo económico, reordenamiento de alianzas y un uso más instrumental de la diplomacia, el comercio y las finanzas como extensiones de la seguridad nacional. 

Un giro hacia una definición restringida del interés nacional

El documento parte de una crítica a las estrategias posteriores a la Guerra Fría, que habrían degenerado en “listas de deseos” sin prioridades claras. La nueva orientación define la política exterior como un instrumento “al servicio exclusivo de la protección de intereses nacionales esenciales”, más que como vehículo para objetivos globales amplios. 

La administración plantea una serie de principios rectores: “paz mediante la fuerza”; “predisposición a la no intervención” con un umbral más alto para compromisos militares; “primacía de la nación-Estado” frente a organismos transnacionales; y defensa de la soberanía frente a injerencias externas, incluso en materia de discurso público y políticas migratorias. 

En esta lógica, el documento sostiene que Estados Unidos debe evitar la “sobrerresponsabilidad” sobre el orden internacional y reducir el rol de “gendarme global”. Ese repliegue relativo no implica aislacionismo, sino una redistribución de cargas hacia aliados y socios, en particular en Europa y Asia. 

Reindustrialización, energía y base militar: la economía como arma estratégica

El eje económico ocupa un lugar central. La estrategia se propone “reindustrializar” Estados Unidos, “re-shorar” producción y utilizar aranceles y herramientas tecnológicas para favorecer la manufactura doméstica, con especial foco en sectores críticos y tecnologías emergentes. 

El documento destaca la necesidad de una base industrial “robusta y capaz” que responda tanto a la demanda en tiempos de paz como a escenarios de conflicto, y vincula esa meta con un programa de movilización nacional para abaratar y escalar sistemas de defensa, desde drones y misiles de bajo costo hasta equipamiento de alta gama. 

En el plano energético, la meta es restaurar la “dominancia” estadounidense en petróleo, gas, carbón y nuclear, aumentar exportaciones y reducir cualquier dependencia de proveedores considerados adversarios. La estrategia rechaza explícitamente las agendas de “Net Zero” y cuestiona las políticas climáticas europeas por su impacto sobre la competitividad y la seguridad energética. 

Competencia con China y reorganización de las alianzas

La relación con China se presenta como el principal desafío estructural. El texto describe una relación comercial “fundamentalmente desbalanceada” y se propone reequilibrarla mediante reciprocidad y protección frente a subsidios, prácticas comerciales “predatorias”, robo de propiedad intelectual y control sobre cadenas de suministro críticas, incluidos minerales estratégicos y tierras raras. 

Al mismo tiempo, la estrategia subraya que la ventaja de Estados Unidos reside en la combinación de su economía de US$ 30 billones, su liderazgo tecnológico y una red de aliados que sumaría otros US$ 35 billones de PIB. La propuesta es coordinar con Europa, Japón, Corea, India y otros socios una respuesta conjunta a la expansión económica china, especialmente en el llamado “Sur Global”. 

En el terreno militar, el objetivo es mantener una capacidad de disuasión que impida un conflicto mayor en el Indo-Pacífico y, en particular, un escenario de confrontación por Taiwán. El documento insiste en la necesidad de que los aliados de la “Primera Cadena de Islas” aumenten su gasto en defensa y sus capacidades para contribuir a un equilibrio militar favorable. 

Un “corolario Trump” a la Doctrina Monroe

Para el hemisferio occidental, la Estrategia introduce el llamado “Trump Corollary to the Monroe Doctrine”. El objetivo declarado es “reafirmar y hacer cumplir” la preeminencia de Estados Unidos en la región, impedir que potencias extrahemisféricas controlen activos estratégicos y asegurar el acceso a ubicaciones clave. 

El enfoque se organiza en dos verbos: “Enlist and Expand”. Por un lado, “enlistar” a campeones regionales para contener flujos migratorios desestabilizadores, combatir carteles y organizaciones criminales transnacionales, y fomentar la relocalización de manufacturas (nearshoring). Por otro, “expandir” la red de socios, incentivando a gobiernos no necesariamente afines ideológicamente, pero dispuestos a cooperar en función de intereses compartidos. 

El documento propone reforzar la presencia militar, en particular de Guardia Costera y Armada, para controlar rutas marítimas, frenar migración irregular y asegurar corredores logísticos. También plantea un uso más agresivo de la diplomacia comercial, combinando aranceles, acuerdos recíprocos y financiamiento público para facilitar la adquisición de bienes y servicios estadounidenses en infraestructura, energía y telecomunicaciones. 

Migración, cadenas de suministro y presión regulatoria

Uno de los apartados más explícitos establece que “la era de la migración masiva ha terminado” y define la seguridad fronteriza como “elemento primario de la seguridad nacional”. La Estrategia vincula flujos migratorios con crimen, tensión sobre recursos fiscales y cohesión social, y anticipa un endurecimiento coordinado de controles junto con países vecinos. 

En paralelo, el documento exige a aliados y socios una mayor “distribución de cargas” en defensa y en la gestión de su entorno regional. En el caso de la OTAN, el texto menciona el “Compromiso de La Haya”, que eleva la meta de gasto militar al 5% del PIB, con la expectativa de que Europa asuma una porción mucho mayor del costo de su propia seguridad. 

El énfasis en cadenas de suministro críticas anticipa un uso intensivo de sanciones, controles de exportación y condiciones de financiamiento para asegurar que insumos, tecnologías duales y capacidades productivas clave se concentren en la órbita de aliados confiables. Esta lógica excede lo estrictamente militar y se proyecta sobre energías, minerales, tecnologías digitales y sistemas financieros. 

Oportunidades y riesgos para América Latina y Argentina

Para América Latina, la Estrategia implica un escenario de mayor competencia por influencia entre Estados Unidos y actores extrahemisféricos, con consecuencias directas para las decisiones de inversión en infraestructura, energía, telecomunicaciones y recursos naturales. El documento sugiere que el apoyo financiero y tecnológico de Washington estará cada vez más condicionado a la reducción de la presencia de terceros países en puertos, redes, sistemas críticos y activos estratégicos. 

En términos de negocios, el énfasis en el nearshoring y en la reconfiguración de cadenas de valor abre oportunidades para polos industriales y logísticos en México, Centroamérica y Sudamérica, siempre que puedan ofrecer estabilidad regulatoria, seguridad jurídica y alineamiento básico con los estándares estadounidenses en materia de seguridad, ciberseguridad y control de datos. Sectores como automotriz, agroindustria, minería de litio y otros minerales críticos pueden verse especialmente interpelados.

Al mismo tiempo, el giro hacia la “dominancia energética” y la marginalización de agendas climáticas como “Net Zero” plantea un entorno más favorable para proyectos vinculados a hidrocarburos y gas natural licuado, pero también mayor presión para aquellas jurisdicciones que opten por esquemas regulatorios y fiscales percibidos como hostiles a la inversión o alineados con marcos ambientales más restrictivos. 

En el caso de Argentina, la estrategia refuerza la relevancia de tres vectores: integración a cadenas de suministro críticas (energía, alimentos, minerales); posicionamiento frente a la competencia entre Estados Unidos y China; y el rol del país en la arquitectura de seguridad hemisférica. La forma en que se definan contratos de infraestructura, licitaciones de 5G, alianzas en litio y cooperación en defensa será observada bajo la lógica del “corolario Trump” y de la reducción de influencia de potencias extrahemisféricas. 

Un nuevo marco para la geoeconomía

La Estrategia de Seguridad Nacional 2025 consolida una tendencia que viene ganando peso desde hace años: la integración casi completa entre política exterior, política comercial, política tecnológica y política industrial en Estados Unidos. El documento no solo define amenazas militares, sino que establece prioridades en materia de reindustrialización, energía, finanzas y cadenas de valor, con impacto directo sobre empresas, flujos de capital y estrategias corporativas a escala global. 

Para América Latina y para Argentina, el desafío consistirá en leer este marco no solo como un texto de política exterior, sino como un mapa de incentivos económicos. Alinearse con las prioridades de seguridad de Estados Unidos puede implicar acceso preferencial a financiamiento, tecnología y mercados; ignorarlas puede traducirse en mayores costos de capital, restricciones comerciales y menor margen de maniobra en proyectos vinculados a actores extrahemisféricos. La nueva estrategia confirma que, en la próxima década, la competencia geopolítica se jugará tanto en los tableros diplomáticos como en los balances de las compañías y en las decisiones de inversión de largo plazo.

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