En paralelo al concurso, los exdirectivos de Vicentin enfrentan una causa penal por defraudación

ROSARIO.- La caída en default de Vicentin en diciembre de 2019, en su momento la cuarta agroexportadora más grande de la Argentina, derivó en la gestación de escenarios judiciales en paralelo. Por un lado, el trámite del concurso de acreedores, que este jueves tuvo una novedad trascendente luego de que el juez Fabián Lorenzini resolviera otorgarle a Grassi SA, una firma rosarina dedicada al corretaje de granos, el control de la agroexportadora. Y por otro, se tramitó en la Fiscalía de Rosario una causa por defraudación contra 16 directivos de Vicentin, que fueron imputados por el entonces fiscal Miguel Moreno, actualmente magistrado de Cámara. En marzo pasado fueron detenidos cuatro integrantes del directorio, entre ellos Daniel Buyatti, expresidente de la compañía; Roberto Gazze, exgerente; Omar Scarel, otro extitular de la firma, y el contador Alberto Julián Macua.

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Los fiscales Moreno y Sebastián Narvaja consideraron que, a pesar de no formar parte de la conducción de Vicentin, los exdirectivos continuaron con la gestión de la empresa y utilizaban fondos provenientes de la agroexportadora. La detención de los cuatro hombres de peso de Vicentin generó un revuelo en los tribunales de Rosario, luego de que los fiscales señalaran que los exdirectivos habían sacado dinero de la compañía concursada para solventar los gastos de los abogados defensores.

Luego, la Cámara penal decidió que Buyatti, Gazze, Scarel y Macua quedaran en libertad. El camarista Gustavo Salvador acusó a los fiscales de haber vulnerado garantías constitucionales en su accionar y resolvió otorgar la libertad bajo caución de 1.000.000 de dólares a cada uno de los exdirectivos.

La resolución del juez Salvador advirtió que la prueba obtenida sobre los honorarios legales pagados a los abogados defensores carece de validez por haber sido obtenida “en violación de las garantías”. En las audiencias previas, el abogado defensor Jorge Ilharrescondo había calificado de “grosera violación de las garantías constitucionales” la revelación de los honorarios que, según la acusación, fueron financiados con fondos que debían estar bajo custodia judicial.

Desde ese momento, en esa causa no hay novedades de peso. A principios de octubre, según confiaron fuentes de la causa, se reunieron funcionarios del Ministerio Público de la Acusación con los abogados querellantes y defensores para empezar a evaluar la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de juicio abreviado, sin que esa medida represente un riesgo de que los directivos regresen a la cárcel. Esa posibilidad podría prosperar el año próximo, según analizaron las fuentes judiciales consultadas.

El nudo de la causa por defraudación apunta a que los directivos que conducían la empresa habrían ocultado durante años la verdadera situación económica de Vicentin. Habrían engañado a bancos y productores agropecuarios que operaban con la firma bajo la modalidad “a fijar precio”. El endeudamiento masivo y la falta de transparencia, según la acusación, fueron claves para llevar a la firma al concurso de acreedores y al posterior default.

En diciembre de 2023, la Fiscalía pidió la apertura de juicio y solicitó penas de entre 3 y 17 años de prisión para 16 exdirectivos y colaboradores de la firma, entre ellos Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. También fueron acusados ejecutivos de empresas vinculadas, auditores de la consultora KPMG y los síndicos del concurso.

Fuentes cercanas a los exdirectivos de Vicentin señalaron que confían en que se llegue a un acuerdo en la causa penal por defraudación, luego de que se cerró un capítulo después de que tomara el control de la empresa el grupo Grassi. La sospecha que tienen varios exdirectivos –según admitieron a LA NACION las fuentes– es que la causa penal avanzó y de alguna manera fue una presión contra este sector de la compañía para allanar el camino y evitar la quiebra de la agroexportadora.

“Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044”, señaló el fiscal Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, en la audiencia que se llevó adelante en marzo de este año.

También, según los acusadores, los exejecutivos de la agroexportadora usaron fondos de las empresas del grupo para pagar el seguro de caución (fianza) que tuvieron que contratar con Sancor Seguros para evitar quedar detenidos cuando fueron imputados en la primera parte de esta causa que se inició en 2020. En concreto, de acuerdo a los documentos, usaron $40.751.243 de la empresa para pagar una fianza personal.

La hipótesis de los fiscales es que el “agrupamiento criminal” persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019, cuando se declaró el default de Vicentin, y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades afectadas en su patrimonio con esta maniobra ilegal fueron Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa, según los fiscales, fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.

Este nuevo capítulo surgió a partir de la documentación que presentó un grupo de accionistas minoritarios de la empresa que pedían ser querellantes. La justicia rechazó ese planteo, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó la información que presentaron y abrió una investigación sobre el uso de fondos que hacían directivos de la agroexportadora para solventar gastos personales, como, por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados, por un valor estimado de 1,5 millones de dólares. Se detectó también que facturaban viajes en avión de una aeronave que era de la compañía. Los accionistas minoritarios, muchos de ellos con el mismo apellido de los fundadores de la agroexportadora, fueron quienes acercaron esa información.

A la par, Omar Scarel está complicado en otra causa en la que está involucrado el extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien admitió en su condición de arrepentido –en otra causa en la que está preso el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque– que asesoraba de manera ilegal a Scarel mientras tenía el cargo de director de la exAFIP.

En su declaración ante la justicia federal, Vaudagna admitió que benefició a la empresa cerealera que entró en default en 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA que estaban a cargo de la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentín SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que fueran impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la empresa.