Tasas: insaciable voracidad

Tres causas explican por qué en los últimos años se han descontrolado las tasas municipales en la Argentina. Esas razones no son muy distintas a las que explican por qué nuestro país es el país más gravoso del mundo en general, pero sí resultan más evidentes. Esas causas recaen sobre políticos, jueces y ciudadanos.

Esta cuestión explotó en medios y redes por el caso del municipio de Pilar y su nueva y absurda tasa de protección ambiental del 2%, sumada al 4,5% de seguridad e higiene, lo cual hace un total del 6,5% soportado por el consumidor en los precios de supermercados, que incluso supera al 6% de Lanús, que ostentaba el primer lugar. El marco es la proliferación de múltiples tasas en Pilar y otros municipios, tales como la vial, la fijada por empleado no residente local, la plusvalía de construcción y tantas otras. Es tal la relevancia de este verdadero descontrol fiscal que el Ministerio de Economía de la Nación publicó el “Portal de Transparencia Fiscal Municipal”, una herramienta que compara las alícuotas y bases imponibles de las tasas viales, de las aplicadas a la industria y a hipermercados, entre otras, de las principales municipalidades. Estas tasas se agregan a ingresos brutos, hasta 5% sobre ingresos totales del último eslabón, rondando el 8% en la cadena total, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Sumando el IVA, impuestos internos y otros gravámenes, el peso de las imposiciones se ubica por encima del 40% y hasta por arriba del 50% del precio final. Es decir, el equivalente a un bien para el Estado, en impuestos y tasas, cada vez que se compra uno para sí mismo.

La primera causa es la más natural: la insaciable voracidad fiscal de los intendentes en general. Del informe “Carga Fiscal Formal” de la Unión Industria Argentina (UIA) de 2023 surge que, de los siete impuestos principales, en seis la Argentina tiene los más gravosos, entre los 30 países más relevantes. Uno de los seis es “tasas municipales con base en ingresos totales”. En ese ranking no solo la Argentina figura al tope, sino que está acompañada apenas por un puñado de países. Brasil e Italia nos siguen, pero lejos, con alícuotas mucho más bajas. En el mundo, las tasas suelen ser módicas, fijadas sobre la base del costo de los servicios. Es decir, en general, tenemos las tasas municipales más gravosas del mundo.

La segunda razón es un Poder Judicial tolerante con la voracidad fiscal municipal. Por ejemplo, lo primero que se aprende en la materia Impuestos es la diferencia entre impuestos y tasas. La tasa, a diferencia del impuesto, es un pago con una contraprestación específica y, naturalmente, su importe debe calcularse en función de los costos del servicio recibido. Como se señaló en anteriores editoriales, cuando la Corte Suprema de Justicia pudo definir esa base de cálculo en el caso “Esso contra Municipalidad de Quilmes” (2021), luego de una audiencia en la que una decena de expertos recordaron ese concepto, decidió apartarse para validar que las tasas pudieran calcularse sobre los ingresos totales del vendedor, “impuestizando” las tasas. El argumento de gastar más de lo que ingresa y, como consecuencia, la desfinanciación a los intendentes pesaron más que el principio más básico. Esa base de cálculo de las tasas se superpone con la de ingresos brutos, pero la Corte tiene aceptada la doble y triple imposición desde hace un siglo (caso Mataldi, 1927).

Si la ley aplica en general y la sentencia solo al caso concreto, ¿por qué esta segunda causa es más relevante? Porque los fallos de la Corte tienen también un efecto general. De la incertidumbre anterior a su sentencia se pasó a la certeza cuando confirmó dicho criterio, en una suerte de venia a los intendentes para que sancionen tasas calculadas sobre ingresos totales, con un límite muy difuso que de nada ha servido para frenar su desaforado aumento. El reverso de la validación concreta es el incentivo general para incurrir en el mismo exceso. Nunca Pilar o Lanús aplicarían sus tasas del 6,5% o 6% a los supermercados sin el previo caso “Esso”.

Hay un concepto que suele ser invocado por las autoridades municipales ante quienes reclaman por la inconstitucionalidad de las tasas y que explica a la vez por qué la Argentina es el país más gravoso del mundo y por qué el Poder Judicial es tan responsable como los poderes políticos por la tragedia fiscal argentina.

Los jueces no dan la razón a los contribuyentes de dos maneras. La primera es directamente negando la cuestión de fondo (por ejemplo, el mencionado caso “Esso”). La segunda es por el mero paso del tiempo que, por la inflación, ha licuado sustancialmente el monto de una tasa pagada y luego repetida. Y, en los hechos, hay una tercera forma por la que el intendente se sale con la suya: la eventual devolución del tributo normalmente no la tiene que hacer su gestión sino la de quien lo suceda. Los litigios interminables también son propios del país más gravoso.

Una tercera causa es más importante que la suma de las otras dos: nuestra falta de cultura fiscal por un régimen que nos oculta sistemáticamente los impuestos que pagamos. Además de haberse prohibido por ley y sancionado por resolución que se debe mostrar el IVA al consumidor final, hay otra forma sutil y artera de esconder tributos: ponerlos en cabeza del vendedor y otros eslabones de la cadena, sin informárselo al consumidor. Las tasas municipales y los ingresos brutos son los típicos ejemplos. El efecto fue la desconexión fiscal ciudadana, zona liberada para la voracidad fiscal del mandatario de turno. Nunca los intendentes de Pilar, Lanús y tantos otros podrían sancionar las tasas más altas del mundo si no fuera porque las esconden en la diaria. Si las visibilizaran, no podrían caminar por su municipio y lo terminarían pagando en las urnas. Los impuestos más altos del mundo y el régimen que más los ha ocultado son dos caras de la misma moneda.

¿Cuál es el remedio? Correr el velo para que el ciudadano pueda ver las tasas y demás impuestos que afronta, a través del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor que viene impulsando la ONG Lógica, inspirado en el antecedente de Brasil (2012), país similar en cuanto al descontrol fiscal. Cuando los brasileños se enteraron por el ticket que pagaban más del 40% de impuestos en el precio final, hubo un cuádruple efecto. Primero, exigieron y consiguieron bajas de impuestos. Segundo, exigieron servicios del Estado acordes a los altos tributos. Tercero, se involucraron en el gasto público, entendiendo que no hay recursos del Estado y que nada es gratis, sino que los políticos gastan sus impuestos. Cuarto, ningún político quiso de ahí en más aparecer en el ticket agravando tributos ya insoportables. La Ley del Ticket les marcó un techo, desde el cual los tributos empezaron a bajar.

Este régimen ya aplica para impuestos nacionales en todo el país. El problema es que la ley exige la adhesión de las provincias para visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Pero a un año y medio del régimen, solo Chubut, Mendoza y Entre Ríos adhirieron, mientras CABA, Córdoba y Salta están en proceso. Los gobernadores de las otras 18 provincias, incluida la de Buenos Aires, siguen en un silencio cómplice, reflejando su resistencia a mostrarnos la verdad fiscal, cuando están obligados por la Constitución a dar “información adecuada y veraz” al consumidor. Si califica para eso el 1% de sodio y el 0,8% de azúcares, con mucha más razón deben mostrarnos el 6,5% de tasas municipales y el 5% de ingresos brutos.

La cuestión es qué hacer frente a esta situación donde resulta esencial la visibilización de las tasas municipales e ingresos brutos en tickets para frenar su descontrol, pero tenemos una gran mayoría de gobernadores que rechazan adherirse, justamente para poder seguir aumentando o mantener sus recursos fiscales. Desde Lógica, impulsores de este régimen, sostienen que la adhesión es exigida para obligar a los comercios a mostrar los tributos en los tickets. Por lo cual, a falta de normas que lo prohíban, la alternativa es recurrir a la visibilización voluntaria de las tasas en forma masiva por parte de los comercios, lo que exige un fuerte compromiso del sector de consumo masivo para su implementación. Así, a aquel plausible “Portal de Transparencia Fiscal Municipal” se le sumaría que el consumidor vea las tasas que soporta a diario, en cada ticket. Ojos que ven, bolsillo que siente. Nada más políticamente correcto que exigir y aplicar transparencia desde la sociedad civil. Nada más políticamente incorrecto que la rechacen gobernadores e intendentes.

Tenemos una oportunidad única e irrepetible para que desde la sociedad civil lo fiscal deje de ser una exclusiva cuestión política -un coto de los dirigentes políticos- para convertirse en una cuestión principalmente ciudadana, inspirados en la exitosa concientización por la consolidación de la democracia, desde un lugar apartidario y más allá del signo político de turno.