La crítica mirada de los abogados sobre el Poder Judicial

Dista de resultar sorprendente que la mayoría de la población argentina muestre desconfianza en la administración de justicia. Pero sí llama mucho más la atención que tres cuartas partes de quienes ejercen la abogacía en nuestro país consideren que los tiempos del Poder Judicial son “lentos o muy lentos” y que apenas menos del 4% de ellos los juzguen “ágiles o muy ágiles”. No menos sorpresa provoca que casi ocho de cada diez abogados admitan que han sido testigos de casos de mal desempeño entre jueces y juezas, incluidos presuntos hechos de corrupción, aunque el 35,5% de quienes los presenciaron reconozca no haber hecho nada para denunciarlos.

Semejantes conclusiones surgen de una encuesta anónima y voluntaria llevada a cabo por el Colegio Público de la Abogacía porteño (CPACF) junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre de este año, de la que participaron 2118 profesionales del Derecho. El trabajo fue realizado sobre la base de cinco ejes temáticos: tiempos procesales, calidad de las sentencias, desempeño de magistrados, regulación de honorarios profesionales y comunicación con los juzgados y tribunales. Además, se incluyeron preguntas sobre satisfacción con el sistema judicial y sobre los niveles de independencia de los jueces.

Desde la lentitud de las causas judiciales en las que se investiga a importantes funcionarios públicos acusados por escándalos de corrupción en la Justicia Federal hasta el dictado de desproporcionadas sentencias en el fuero laboral, que llevaron a pequeñas y medianas empresas al borde de la quiebra por el despido de un trabajador, han puesto de manifiesto severos cuestionamientos a la Justicia en los últimos tiempos.

Frente al renovado debate sobre la modernización laboral, que el gobierno de Javier Milei impulsa con la declarada intención de favorecer la creación de empleos, asistimos en los últimos días a opiniones de empresarios interesados en subrayar que de poco servirán las leyes si los jueces resultan imprevisibles. Las diferencias de criterios entre magistrados del fuero laboral ante casos similares a la hora de fijar indemnizaciones son un ejemplo. “Hay un clima inflacionario que se traslada a las sentencias judiciales, con criterios que se vuelven absurdos, al punto que los intereses pasan a ser más importantes que el capital. Las sentencias se desvirtúan, nadie sabe lo que se va a fallar, por lo que no se pueden prever gastos”, puntualizó Aldo Álvarez, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), para quien hay “incentivos perversos” vinculados con la llamada industria del juicio, aunque destacó que “lo positivo es que, por primera vez, vemos voluntad de subsanarlo”.

A la hora de calificar de 0 a 10 su nivel de satisfacción con el funcionamiento del sistema judicial, los abogados consultados en la citada encuesta lo evaluaron con 5 puntos en promedio, en tanto que calificaron con 4,6 puntos en promedio el nivel de independencia judicial.

En cuanto a los tiempos de tramitación de las causas judiciales, el 77,6% los juzgó negativamente: el 47,1%, como “muy lentos”, y el 30,5%, como “lentos”. Solo el 3,5% los consideró “ágiles” y el 0,2%, “muy ágiles”. Los tres fueros en los cuales una mayor proporción de abogados percibe lentitud son el laboral nacional (89,5%), el de la seguridad social (84,4%) y el civil y comercial federal (82,3%). El fuero comercial nacional es percibido como el más ágil, con el 10,2% de opiniones favorables.

En cuanto a las causas de la lentitud de la Justicia, el 64,6% menciona falta de eficiencia del personal judicial; el 42,9%, problemas de organización interna; el 32,6%, falta de voluntad de jueces y juezas en hacer avanzar las causas; el 32,2%, diligencias procesales innecesarias, y el 31,4%, falta de jueces y juezas titulares.

Respecto de este último aspecto, se estima que en la Justicia Nacional y Federal hay 337 vacantes que no han sido cubiertas, lo cual deteriora el funcionamiento del sistema judicial.

La duración promedio de las causas, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva, también exhibe debilidades en la percepción de los abogados consultados: para el 42,1%, las causas se extienden en promedio entre dos y cuatro años; para el 34,1%, entre cinco y siete años, y para el 7,7%, entre ocho y diez años. Solo el 10,3% estiman que demoran entre uno y dos años, y apenas el 2% dijo “menos de un año”.

Acerca del desempeño de los jueces, el 69,7% sostuvo que tienen un nivel de formación medio sobre los temas que deben resolver, mientras que el 17,8% consideró que poseen un nivel bajo y solo el 12,5% habló de un nivel alto.

De acuerdo con el sondeo, el 79% de los abogados encuestados dijo haber observado casos de mal desempeño de jueces. Dentro de esa proporción, el 77,7% mencionó demoras excesivas; el 38,1%, la falta de aplicación de la normativa vigente en los casos que resuelven; el 37,9%, parcialidad o falta de independencia en la resolución de un caso. También se mencionaron situaciones de abuso de poder (20,4%) y, en menor medida, entrevistas privadas y actos ocultos (8,8%) y dádivas (2,7%). Cuatro de cada diez entrevistados dijeron haber observado estas situaciones “con mucha frecuencia”.

Un elevado porcentaje de quienes observaron situaciones de mal desempeño como las mencionadas (35,5%) declaró no haber hecho nada. Casi la mitad de estos abogados (48,3%) adujo haber tomado esa actitud ante la creencia de que las acciones no iban a conducir a nada. El 23,9% de ellos aludió al temor a represalias en la misma causa. La tercera razón más elegida fue no tener pruebas suficientes del hecho (11,8%) y la cuarta fue el miedo a tener un caso con el mismo juez en el futuro (11,6%).